Es un viernes de fiesta nocturna en una ciudad del Oriente, y los comensales del bar-discoteca se inquietan al notar el ingreso del comisario y un puñado de agentes de la policía. Los agentes del orden inspeccionan cada rincón y registran al público. Ya asegurado el lugar dan el aviso: ingresa seguro al lugar el capo del narco con sus escoltas. Nadie se atreve a levantar la vista, apenas susurran.

En ciertas regiones del Oriente y Norte del país –y de manera creciente en pueblos y ciudades del Noroccidente y del Suroccidente- es un hecho que las autoridades locales, sobre todo de la Policía, están cooptados por los barones del narcotráfico. Trabajan para ellos. Protegen sus rutas e informan de la presencia de extraños.

Más allá de eso, los capos son la autoridad real. Los símbolos de su poder resultan inequívocos. Lujosas mansiones que sobresalen a la distancia. Autos último modelo de un lujo exorbitante. Ferias ganaderas en las que ellos mismos desfilan ante el público montando su colección de caballos pura sangre, y donde exhiben armas automáticas con las que soñarían las fuerzas de elite de cualquier Estado. Conciertos de los cantantes populares más famosos, auspiciados de su generoso bolsillo.

Y más. Juancho (Juan José León, el narco asesinado a fines de marzo 2008 en Río Hondo, Zacapa) era un auténtico keynesiano. Creía en el pleno empleo. Cualquier desocupado sabía que tenía un jornal asegurado colocando piedrín en pistas de varias fincas. Las señoras tenían su pequeño financiamiento para montar una champita donde vendían refrescos y comida chatarra; el aporte incluía celular con el cual reportar cualquier movimiento sospechoso.

“Si el hombre se porta mal. Bebe mucho o tiene otras mujeres, maltrata a la esposa y no aporta al presupuesto… ella (la esposa) sabe con quien quejarse. Solo la amenaza: ´le diré a Don…´ funciona.”  Así me narraron unos vecinos de municipios de Jalapa la imposición del orden ahí. Resuelven conflictos familiares y comunales. Son capaces de barrer con la delincuencia. Todo con el ánimo de ganarse a la población, que constituye su cordón de seguridad más importante.

¿Qué hace un Estado frente a ese descaro? Sería como abrir los dormitorios de nuestra vivienda y ver, impotentes, que los ratones hacen su fiesta a plena luz del día. El poder corruptor del narcotráfico es inmenso. Háganse las cuentas: estamos en el corredor del 90 por ciento de la cocaína que se consume en el mercado más grande del mundo, EEUU. Desde Colombia, donde se produce la mayor parte de esa droga, hasta EEUU, su valor se multiplica por diez. De 2 mil a 20 mil dólares. Hablamos entonces de varios cientos de millones de ganancias netas al año.

El gobierno de México les ha declarado abiertamente la guerra a los cárteles. Las autoridades dicen tener en pie de guerra a 40 mil efectivos militares, aunque los periodistas de terreno afirman que son quizá el 20 por ciento. Pero ahí están. Colombia ha logrado avances, aunque los críticos señalan que la aparente paz no es más que fruto de un avance de los narcos en su viejo afán de cooptar el Estado. Pero en Guatemala ningún gobierno en los últimos quince años se ha atrevido a retarlos. “Sería un suicidio”, dicen, para no ser citados, un oficial de las fuerzas de seguridad..

¿Cómo se haría esa recuperación del territorio y de las instituciones? Primero, sin duda, mediante un pacto político explícito. Luego, a través de investigaciones mediante las cuales se puede procesar a los cabecillas (y en tal sentido la actual Ley de colaboración eficaz, no es eficaz para lograr esa colaboración, considerando que en la práctica excluye de beneficios a mandos bajos oficiales), es decir, el empleo máximo de la capacidad represiva legítima del Estado. En tercer lugar, operaciones contra el blanqueo de dinero (tocar los bolsillos del narco), para lo cual es fundamental la cooperación internacional. Todo lo cual debe acompañarse de una fiscalización social.