Los padres ausentes se distinguen, entre otras cosas, por no asumir con responsabilidad sus obligaciones económicas familiares (o por hacerlo de una manera negligente).  El Estado guatemalteco es una suerte de padre ausente que ante las constantes demandas de la ciudadanía por seguridad, justicia y servicios sociales, responde siempre con la misma letanía: no tengo dinero. 

La debilidad fiscal del Estado guatemalteco es, sin duda, notoria.  La bajísima tributación (menos del 10% del PIB) se traduce en insuficiencia de recursos a nivel del presupuesto.  Así, al compararnos con nuestros vecinos del hemisferio, queda claro que somos el país de América Latina que, del total de la riqueza producida anualmente, destinamos la menor proporción para financiar bienes públicos esenciales (educación, salud, nutrición, seguridad y justicia).  Por ejemplo, en el 2008 Costa Rica destinó para financiar la justicia cerca de US$ 47 por habitante, mientras Guatemala financió la justicia asignándole US$ 6 por habitante (una lamentable proporción de 1 a 8 a favor de Costa Rica).  Como consecuencia, en Costa Rica hay en promedio un juez por cada 5,660 habitantes, mientras en Guatemala cada juez se enfrenta a tres veces el mismo número de habitantes (un juez por cada 16,700 personas).  

Un segundo factor importante que explica la débil presencia del Estado en el territorio guatemalteco es la inequidad en la distribución geográfica de los escasos recursos presupuestarios.  Así, los datos del presupuesto ejecutado en el 2008 nos muestran que la inversión social per cápita en el departamento de Guatemala fue cercana a Q 2,700 quetzales, mientras que en los departamentos de El Quiché y Huehuetenango la inversión social per cápita fue de solamente Q 1,030 quetzales (casi el 30% de lo asignado a los habitantes del departamento de Guatemala). Y si se analiza la inversión en servicios económicos (mayoritariamente infraestructura) la proporción es igualmente inequitativa, pues el departamento de Guatemala recibió Q 748 por habitante, mientras El Quiché y Huehuetenango les fueron asignados Q 267 por persona (nuevamente una proporción de 3 a 1). 

La insuficiencia de recursos, y la inequidad en la distribución geográfica de los mismos impiden una adecuada presencia del Estado en todo el territorio nacional.  Pero la corrupción también contribuye a esta ausencia de una manera perversa. En este sentido está claro que el ordenamiento (¿ordeñamiento?) del presupuesto con fines de enriquecimiento ilícito se basa en gran medida en tres factores: el sobreprecio en obras de infraestructura física, el fraude en la entrega de bienes y servicios, y las plazas fantasma.  Lamentablemente estos tres factores tienden a afectar principalmente a las comunidades y territorios más alejados, donde es muy débil la fiscalización de las contrataciones de personal, la evaluación de los costos de construcción de infraestructura, y la vigilancia en cuanto a la entrega efectiva de suministros.  

A pesar de las críticas por la gestión política de los programas de protección social impulsados por la Primera Dama, estos pueden ser uno de los ámbitos de acción pública que fortalezcan la presencia y la legitimidad del Estado en el territorio.  Algo similar sucedería si aumenta la presencia de las fuerzas de seguridad en las comunidades más alejadas (abandonando previamente los enfoques de seguridad del pasado basados en la represión y la violación a los derechos humanos).  Pero ambos procesos deberán ser coordinados con una mayor presencia de servicios de justicia, educación, salud y nutrición.  Y todo junto representa claramente una demanda creciente de recursos fiscales frescos que el Estado tendrá que procurar y trasladar al presupuesto nacional. 

Más recursos, mejor distribuidos geográficamente, y con mayor transparencia es, en resumen, el panorama fiscal al cual deberá hacer frente el Estado guatemalteco si es que desea disputar el territorio y la población al crimen organizado y a los aparatos paralelos de seguridad.  Como hacer esto, en tiempos de crisis económica y de una caída brutal en la recaudación tributaria,  es el mayor desafío estratégico  al cual se enfrenta actualmente la clase política y el liderazgo económico y social del país.