La conformación histórica de la diferencia étnica en Guatemala ha tenido siempre su correlato en la organización económica, administrativa e ideológica del espacio. Dados los procesos sociales, económicos y políticos en que están inmersos los indígenas en la actualidad, esa relación está cambiando. Podemos hablar de tendencias contrapuestas -o complementarias-, que se pueden resumir en tres procesos.

El peso de la historia

La llegada de los españoles a estas tierras supuso la desaparición de una serie de unidades políticas que, en diferentes grados venían desarrollándose al menos desde 150 años antes, y la entrada de todos ellos en la categoría genérica de “indios” dependientes de unidades administrativas de lógica colonial. Se reorganizó el patrón de asentamiento con la concentración en unos “pueblos de indios”. Estos se convirtieron en la unidad de pertenencia de una manera tal que ha condicionado la identidad y la acción política y social desde entonces. De ahí surge la idea de “comunidad”, reivindicada como unidad de comportamiento de los actuales indígenas.

A lo largo de la época republicana fue madurando una imagen bipolar de la sociedad que fraguó después de la implantación del café y quedó reflejada en la idea generalizada de un “oriente ladino” y un “occidente indígena”, que dejaban ocultos a chorti’s y poqomames en el primero y los corredores mestizos de Huehuetenango, Quetzaltenango y  San Marcos en le segundo. Ésta es la imagen que hemos heredado de la historia y que ha guiado y guía mucha de la acción política y cotidiana.

La ideología de la ladinización, con su poderosa imagen de la aculturación por vías del “progreso” que se dio tras los años 50 del siglo XX,  también tuvo su correlato espacial, con la idea de que el espacio indígena se iría reduciendo con el “desarrollo” que se daba en las ciudades y en los espacios de colonización, pues ambos eran espacios “modernos” a-étnicos, en que no cabía el indígena ni lo que fuera “atrasado”. 

Sin embargo, como ahora sabemos, las cosas no fueron así; la promesa de modernidad acabó bañada en sangre, y después de más de 20 años de ajuste, neoliberalismo, globalización y políticas multiculturales en un contexto de postconflicto, Guatemala se halla en una encrucijada respecto al futuro de esa dimensión tan importante como es la étnica.

La dispersión espacial

Las tendencias a la dispersión que se dieron como fruto de la movilidad espacial asociada a la modernización, cambiaron en parte la geografía étnica dentro y fuera del país. Desde los años 60 los indígenas empezaron a salir de sus comunidades de forma permanente –ya no estacional como hasta entonces- para instalarse en los nuevos espacios de colonización que se abrían en la Costa Sur y, sobre todo la Franja Transversal Norte y Petén. Ixcán es posiblemente el caso más conocido, y también llama la atención la expansión de los q’eqchi’s, pero la dinámica fue mucho más allá. Y llegó a las ciudades, de tal forma que en los años 90 del siglo pasado, el Área Metropolitana de Guatemala era el espacio que albergaba la mayor concentración de mayas en todo el país: entre 150 y 200 mil.

La campaña de tierra arrasada de inicios de los 80 no hizo más que aumentar estos movimientos de dispersión, cuando personas, familias y comunidades enteras se escondieron por todo el país, y en la vecina Chiapas. Como resultado, al cambiar el siglo teníamos una situación en apariencia paradójica: como ha mostrado Richard Adams, el altiplano era cada vez “más indígena”, pues con el conflicto se acabaron de ir muchos de los ladinos que vivían en las cabeceras. Pero los indígenas tampoco se habían quedado en el occidente: los  mapas lingüísticos realizados por Michael Richards muestran una imagen de presencia por todo el país, que más parece de una regadera que de un embalse cerrado.

Este inicio de milenio ha puesto de manifiesto una tendencia que comenzó también en el conflicto y ha disparado esa dispersión: la salida a EEUU como forma de mantener las maltrechas economías familiares. Forma parte de la dinámica de dispersión que venimos viendo a nivel continental (sus hermanos mixtecos mexicanos hace tiempo ya pasaron a EEUU y los kichuas ecuatorianos se riegan por Europa); en su forma de insertarse en esta globalización.

Toda esta dispersión y todo el cambio sociocultural que conlleva deberían haber contribuido a la pérdida de identidad indígena. Evidentemente, los costos para la sociabilidad comunitaria y para la reproducción cultural e identitaria son muy altos, pero los estudios -en la capital, en Ixcán, en EEUU, en las comunidades- nos dicen que no es así. La dispersión territorial supone un cambio identitario tanto entre los que se van como en los que se quedan, pero no la desaparición del papel de cada comunidad como centro de referencia de la diáspora.

Además de esta recreación de las identidades étnicas y comunitarias, la  dispersión territorial, unida a las políticas económicas y sociales de corte neoliberal están creando nuevas formas de exclusión que, como siempre en Guatemala, tienen su faceta étnica. Es lo que se aprecia en la renovación de la categoría de los “shumos” y en la cholificacion amestizada de las periferias urbanas y rurales. Se trata de  categorías de exclusión en parte diferentes a las heredadas, en que se conjunta lo étnico y lo clasista con un desprecio de fondo. Las maras, verdaderos espacios marginales transétnicos, son la mejor muestra de esta reformulación.

El Pueblo Maya y los mapas

A la vez y frente a esta tendencia a la dispersión y transformación de los vínculos con el espacio histórico, se están dando otras dos dinámicas que van en sentido contrario, hacia una nueva fijación de “lo indígena”, ahora entendido como “lo Maya”, en el territorio. Ambas van de la mano de las demandas por participación y reconocimiento que los mayas llevan desarrollando sobre todo desde el proceso de paz.

La primera dinámica tiene que ver con la fijación de lo Maya a través de la idea del territorio que corresponde en la calidad de pueblo Maya. Como pueblo indígena se reclama ser usuario ancestral de un territorio que fue usurpado primero por los españoles y después por la República de Guatemala, y cuyos miembros mantienen desde entonces una serie de idiomas que les diferencian y cuya distribución ha sido representada hasta la saciedad en mapas. Abonando así la identidad pan-maya, desde finales de los 80, los mapas representando las áreas idiomáticas han sido una de las principales vías de consolidación de la idea de un territorio habitado por el Pueblo Maya en la República, claramente diferenciado del área “ladina”.

Estos territorios lingüísticos han sido y son la base de los reclamos de una distribución autonómica del poder político, o al menos de un rediseño administrativo del país. Poco –o casi nada- se ha avanzado en esa faceta espacial-territorial del reconocimiento del carácter multicultural del país. Sin embargo, su efecto se va a notar a mediano y largo plazo. La proliferación de los mapas va ayudando a fortalecer la idea de “territorio maya” mientras la nueva función identitaria de los idiomas está sirviendo para que entre los mayas tome forma la idea de pertenecer a esos grupos lingüísticos como referentes identitario-políticos: “soy maya-k’iche’”, “maya-tz’utujil” etc. Con ello se consolidan identidades regionales intermedias que antes apenas se daban y en algunos casos sustituyen a la identificación local como primer referente.

La renovación de la territorialidad comunitaria

Pese a estos esfuerzos unificadores, la faceta comunitaria no está desapareciendo en esta dinámica de renovación política de la identidad étnica. De forma paralela y a veces autónoma a los reclamos por reconocimiento y autonomía como Pueblos, en algunos lugares están recreándose las estructuras e instituciones como las Alcaldías Indígenas y Consejos de Ancianos que por siglos fueron la base del accionar local indígena. A veces aparte, a veces en contra y  otras usando las estructuras estatales de los COCODE, resurgen desde la idea de los derechos indígenas, sobre todo el de la autonomía de decisión sobre su asuntos renovando la concepción del control de los recursos, como en Totonicapán, a veces con claras connotaciones de autogobierno, como en Sololá y otras vinculadas al ejercicio del Derecho Maya, como en Santa Cruz del Quiché, creando así territorios jurisdiccionales de hecho.

Pero quizá es más importante el proceso que se da por  la voracidad de las empresas transnacionales, lanzadas en la última década contra los recursos naturales –los minerales, el agua, el petróleo, los nuevos cultivos extensivos. Violan de tal forma el precario equilibrio ecológico, económico y político de los espacios comunitarios, que están provocando un reforzamiento de la idea de territorio, ahora ligados al disfrute de derechos sobre esos recursos. Para ello, estas comunidades movilizadas están usando todo el bagaje y el discurso de los derechos indígenas proclamados universalmente.

Así, en el contexto de unos pueblos indígenas en lucha en el continente, los conflictos contra cementeras, hidroeléctricas, mineras y cultivadores de palma africana, están ayudando a recrear el “territorio indígena” desde las comunidades, a veces apoyándose en unas estructuras locales que habían ido perdiendo su razón de ser, que ahora se renuevan desde una visión de lo indígena que reclama igualdad y soberanía. Estas son las tendencias que están suponiendo el cambio en la relación entre los pueblos indígenas y el espacio en Guatemala. Como ocurre con todo lo que tiene que ver con la dimensión étnica de nuestra sociedad, no sabemos hacia dónde puede llevar, pero sí que nada será igual a como nos imaginamos que sigue siendo.