Guatemala ingresó en su quinto periodo de gobiernos civiles electos, en casi dos décadas de vigencia de la Constitución Política de 1985 y a ocho años de la firma de los Acuerdos de Paz, que han permitido la participación plena de todas las expresiones político-ideológicas[1] con lo que se suelda la transición a la democracia y se inicia una etapa cuyo signo debiera ser la cohesión social, como condición de sustentabilidad democrática.

Una transición sinuosa, con un cuadro crónico de violaciones de los derechos humanos y reiterados intentos golpistas,[2] que en mayo de 1993 tuvieron su mayor repercusión con la crisis institucional provocada por el presidente Jorge Serrano Elías, promotor del golpe de Estado que pretendió disolver el Congreso y que culminó con la elección legislativa de Ramiro de León Carpio.

La primera década de gobiernos civiles fue expresión de las negociaciones de paz en Centroamérica y la clausura de la guerra fría, que creó condiciones para una salida negociada en Guatemala al conflicto armado interno, cuya persistencia se constituyó en factor de riesgo para la joven democracia electoral.

Tras el cese del conflicto armado, en 1996, las instituciones del Estado quedaron profundamente debilitadas y el ejercicio partidario, tanto desde la oposición, como de la gestión gubernamental y legislativa, ha significado un acelerado deterioro que se ha traducido en una vida perentoria o una precaria subsistencia de la mayoría de expresiones políticas.[3]

Aunque ha estado en la propuesta de todas las fuerzas políticas que han hecho gobierno, ninguna ha logrado cristalizar acuerdos nacionales sólidos y sostenidos. Si bien los Acuerdos de Paz marcaron una agenda de compromisos, su cumplimiento ha sido lento e incompleto y, quizá por lo mismo, no han tenido efecto. Los ritmos del sentido social de los acuerdos chocaron con el empuje de una visión restrictiva del Estado y con la defensa de intereses económicos, políticos y culturales, tradicionalmente poderosos.