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Los bajos rendimientos de la administración de Óscar Berger en las dos áreas críticas que califican su gestión –economía y seguridad- hacen volver la mirada hacia la competencia de su equipo de Gobierno, pero, sobre todo, al discutido asunto de la convicción de las elites para emprender reformas que separen a Guatemala del cuadro de “Estado fallido”.
Ahora se ha abierto una coyuntura de inflexión. La oposición ha tocado los límites del Gobierno, y éste se ha fatigado remando inútilmente, a pesar de que no encontró, hasta ahora, mayores obstáculos políticos. Pareciera un momento propicio para el retorno de la política y encontrar acuerdos de fondo, aunque ciertamente la inercia tiene un enorme impulso. Los escenarios alternos que se abren no son promisorios: tirantez política, impaciencia popular, desgrane gubernamental y cosecha de resultados todavía más pobres. En suma, deterioro.
Del alineamiento interno a la fragmentación
¿Dónde han estado las fallas estratégicas de la administración Berger, si tenía los factores de poder alineados en su favor? Integró un equipo plural que le dio credenciales ante los conservadores sectores empresariales locales, y presentó a casi toda la constelación de caras progresistas de los grupos sociales alentando el optimismo de la comunidad internacional.[1] Recuperó, para el gobierno, la confianza de los empresarios y emprendió una persecución implacable contra presuntos funcionarios corruptos del gobierno anterior, con lo cual implícitamente se extendió su propio certificado de honestidad.
(Un vale que, por cierto, ha ido flaqueando al extremo de comenzar a infectar al círculo del presidente: nepotismo en la portuaria, corrupción y fuga del ex director de tránsito, denuncias de graves ilegalidades en aduanas y conflicto de intereses en inversiones mineras, asignación de obras y logística en salud.)
Esta administración se propuso recuperar la credibilidad para un ejercicio de gobierno de corte empresarial, y convertir su gestión en motor del mundo de los negocios atrayendo inversiones que abrirían oportunidades de empleo. Indicó que relanzaría los Acuerdos de Paz y promovería una sociedad más tolerante. No estaba claro cómo se haría, hasta en agosto pasado que se presentó un plan de reanimación económica y social de corto plazo, el cual se ha ido convirtiendo en el programa de gobierno, en la medida en que le adicionan proyectos con plazos más amplios. El ejército disminuyó en número de efectivos, pero no en gastos. Y los Acuerdos de Paz no localizaron una locomotora, al punto que se ha postergado, por segunda vez en un año, la celebración de un Grupo Consultivo.

