La primera quincena de septiembre debió estar signada por la marcha del Plan Económico y Social 2004- 2005.1 En cambio, la dinámica del país estuvo marcada por conflictos sociales rurales y una violencia criminal que parece irreductible.
Por otro lado, el manejo de las tensiones entre los diferentes grupos de poder en el gobierno dio las primeras señales de estarse desbordando ante el debilitamiento del liderazgo político unificador del Presidente y la tardanza en integrar un partido que contribuya a la cohesión del equipo gobernante.
Así, las tensiones que debe administrar un gobierno entre la consecución de sus prioridades públicas y las respuestas a emergencias, quedaron en este periodo dominadas por las meras circunstancias y los reacomodos, determinando un rumbo zigzagueante.

Claves de un desalojo
El desalojo violento de campesinos de la finca Nueva Linda, ocurrido el 31 de agosto con el resultado de diez muertos, podría ser un mal presagio. Aunque los hechos no están plenamente esclarecidos, hay tres claves que deben ser analizadas más adelante con información dura:

La primera es que el desalojo violento ocurre en una región del país en la que se han anticipado millonarias inversiones. Está previsto que Champerico sea un polo de crecimiento que incluya un puerto de gran calado, zonas turísticas, un aeropuerto internacional y extensas conexiones viales con Mesoamérica.
La expectativa provoca de manera natural la revaluación de unas tierras que habían perdido el
atractivo que entre 1950 y 1980 les otorgó la pujante actividad agroexportadora. Guatemala está otra vez ante el viejo desafío de generar otras fuentes de riqueza y crecimiento sin desgarres sociales.

La segunda clave es que el recurso de la violencia en el tratamiento de un conflicto que en sus bordes es de naturaleza social, habla de una descomposición que cruza verticalmente la sociedad y el Estado. La PNC, señalada de corrupción interna, agrega un rasgo de brutalidad que es típico en policías de bajo rendimiento.
La asociación entre intereses particulares y públicos distorsiona funciones clave del Estado, como la seguridad y la justicia, erosionando la legitimidad de las instituciones. Las malas puntadas con que se tejieron los Acuerdos de Paz, en un contexto de creciente presencia del narcotráfico y sus secuelas corrosivas, además de crónica precariedad del Estado de Derecho y falta de oportunidades y empleo, abre una dimensión al tratamiento de la conflictividad social, cuyo riesgo es criminalizarla.