La característica del ejercicio del poder político actual es su dilución. Ante la pérdida del centro de gravedad política del Ejecutivo, éste se ha trasladado por el momento al Congreso, donde cinco partidos fueron capaces de acordar la entera renovación de la Corte Suprema de Justicia, dándole un cariz en principio más independiente, aunque menos “notable”.

Entre tanto, la criminalidad que no disminuye, adquirió connotaciones políticas con el asesinato del diputado de la UNE, Carlos Hipólito Miralda Roca, y del secretario general del Círculo de Prensa, Miguelángel Morales, ocurridos el mismo día.

El malestar de campesinos (sin fondos para pagar renta de tierras), ex PAC (cuyo pago fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad) y consumidores (afectados por súbitas alzas de bienes y servicios básicos) mantiene activos potenciales focos de ingobernabilidad. A ello se suma la crítica de la jerarquía católica al modelo de desarrollo gubernamental, y, por otro lado, el mal desempeño en el control de las drogas que puso en grave riesgo la certificación de Washington.

El modelo extractivo

Los signos de debilitamiento del liderazgo presidencial continuaron en esta primera quincena de septiembre. En el marco de la comparecencia del presidente Berger en la Asamblea General de las Naciones Unidas, las críticas de caricaturistas y editorialistas adquirieron tonos altos. Desde la circulación de una fotografía en la que Berger abraza a un George W. Bush ocupado en atender a otros líderes, hasta un discurso señalado de no incluir matices o desafíos a la gestión de gobierno.

Queda marcada la impresión de un presidente con reiterados yerros en la comunicación pública; que reina, pero no gobierna.

La visita presidencial a Nueva York y Washington trajo una pérdida neta para el gobierno: la tensión con la jerarquía católica y su ubicación (dado el vacío) como oposición política. Ocurrió en el contexto del declarado esfuerzo del mandatario de atraer inversión extranjera. Aunque la motivó una descuidada crítica de Berger a los obispos (“populistas”, “desactualizados”), la mordaz reacción del cardenal Quezada dejó entrever mar de fondo. Es una divergencia de visiones de desarrollo, que se expresa por los costos/beneficios del modelo en marcha de explotaciones mineras -en manos principalmente de empresas trasnacionales- que dibuja la ley aprobada en 1997 y el marco de la débil legislación en materia de protección ambiental, inclusive de la ley que creó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, así como sus propias incapacidades y ausencia de recursos.