De la dilución del poder político central, que fue el rasgo sobresaliente comentado en el Informe anterior, el gobierno pasó en esta última quincena a trazar fronteras internas, sin haber procesado las complicaciones preliminares. “Todos los que no pertenezcan al equipo deben renunciar”, advirtió el presidente óscar Berger en alusión a los miembros del Partido Patriota que no abandonaron el gobierno con Otto Pérez. El informe final del Procurador de los Derechos Humanos sobre el violento desalojo de la finca Nueva Linda, que concluye que hubo ejecuciones extrajudiciales, es una descarga capaz de sacudir estructuras de poder.

El Congreso ha seguido marcando el paso al Ejecutivo, y éste, sin convicción, ha dicho “sí pero no” al pago de las ex PAC, en un juego de ida y vuelta con el afán de “descargar responsabilidades”. En la misma línea se dirime la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la CICIACS. La baja energía y liderazgo políticos, sumados a noticias de la economía poco alentadoras, acumulan tensiones sociales que anuncian un clima volátil para 2005.

Fronteras internas

Desde el inicio del gobierno se entabló una sorda disputa entre Eduardo González, secretario Ejecutivo de la Presidencia y Otto Pérez, entonces comisionado de Seguridad. Ambos con aspiraciones presidenciales. La competencia se expresó en la colocación de cuadros intermedios en la nueva administración de gobierno.

Tras las conversaciones que el presidente Berger sostuvo a partir de marzo con Efraín Ríos Montt –por intermediación del alcalde álvaro Arzú-, buscando el respaldo del FRG a la reforma tributaria, Pérez renunció a su cargo y se incorporó al Congreso. González se mantuvo y promovió la celebración de gabinetes móviles en el interior del país.

En las últimas semanas, Pérez y su Partido Patriota se han identificado más abiertamente con los partidos de oposición; incluso han sostenido conversaciones con integrantes del bloque de diputados que se escindió del FRG (los “Integracionistas”) con el propósito de incorporarlos a su bancada. Como reacción, González indujo al mandatario a definir lealtades entre los cuadros de gobierno. Empezó con una instrucción al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Ricardo Bustamante, de remover a oficiales afines a Otto Pérez. Pero Bustamante sólo los rotó. Eso habría determinado que el 1de octubre1 el oficial no fue promovido a ministro de la Defensa y en cambio fueron ascendidos a generales Francisco Bermúdez y Carlos Aldana, con vistas a la sucesión.