En la última quincena de octubre no varió significativamente el curso de los acontecimientos políticos, a los que Informe Guatemala ha pasado revista en las últimas dos ediciones. Varios factores, como el encarecimiento del combustible, contribuyeron a elevar el malestar y la conflictividad social. El test de Nueva Linda continuó definiendo la ruta dura del gobierno en derechos humanos. El cuadro de inseguridad pública se mantuvo sin mayores variantes, aunque las manifestaciones críticas comenzaron a bajar.

El Congreso, precariamente, siguió marcando el ritmo al Ejecutivo. La agenda en disputa ahora es el presupuesto público del 2005 y la composición de la próxima directiva. Detrás de la escena comienzan a perfilarse las ofertas electorales para 2007, y en los reflectores, el alcalde álvaro Arzú adquiere mayor protagonismo político, a expensas del presidente óscar Berger. Entre tanto, MINUGUA realizó en la víspera de su salida un optimista recuento de su gestión regateando ejecutorias a las fuerzas políticas que no le fueron simpáticas.

El transporte, otra vez

Existen conflictos cíclicos onerosos para las autoridades y la población. Uno de ellos, que se presenta más de una vez en cada gobierno, es el del transporte urbano e interurbano. En los últimos 20 años de administración de la Municipalidad de Guatemala a cargo del grupo que ha liderado Arzú, cada crisis del transporte se ha capeado con una combinación de aumentos de tarifas e incrementos de subsidios, tras disturbios callejeros.

Hasta ahora no ha habido una política pública de transporte urbano que venza la resistencia a la modernización del servicio. Los propietarios del transporte son señalados de poco eficientes, por formas no empresariales de operar que dan paso a descontroles y corruptelas en el manejo del negocio. La calidad del servicio, unidades de transporte con bajo mantenimiento, la violación de normas de seguridad, los maltratos a los usuarios y los aumentos arbitrarios de tarifas, van de la mano de una deficiente regulación municipal.

Distintas medidas aisladas han fracasado. Entre las últimas, la compra masiva de unidades que promovió Berger siendo alcalde (1996-2000), que fueron recargadas como deuda al gobierno central. Las unidades resultaron de mala calidad y la mayoría, inservibles, permanecen varadas desde hace años.