Las comisiones de postulación se inspiraron en la legislación del gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt (1982-83). Aunque el Estatuto Fundamental de Gobierno concentraba todos los poderes del Estado en el Presidente, Ríos creó el Consejo de Estado como órgano asesor integrado por representativos de la sociedad, una expresión típica de Estado corporativo.

En el Estado corporativo la representación se ejerce a través de sociedades intermedias, a diferencia del Estado republicano, donde los vehículos de representación son los partidos políticos.

El Consejo de Estado se integró con académicos, representantes gremiales y políticos; en el conjunto de propuestas que llevó al gobernante y sus asesores, se podían identifican trazos de un Estado corporativo. El razonamiento era que dándoles poder a los académicos (la intelligentsia) se arrebataría el monopolio a los partidos, mejorando la calidad de las instituciones y despolitizando sus actuaciones.

La primera institución que surgió, tempranamente, de ese diseño fue el Tribunal Supremo Electoral (TSE), electo mediante un sistema de comisión de postulación, que en esencia sigue vigente.

El TSE organizó exitosamente las elecciones de Asamblea Constituyente en 1984, que elevó a una nueva clase política y puso en acción un sistema renovado de partidos. Los jóvenes constituyentes –también resentidos por el brutal dominio del viejo poder militar sobre los partidos históricos- recuperaron la noción de las comisiones de postulación que introdujo, entre otros ideólogos, Amílcar Burgos, ex dirigente socialcristiano que participaba entonces en la formación de un think thank.

La Constitución, decretada en 1985, define un sistema de Gobierno “republicano, democrático y representativo”, en el que el pueblo delega, para su ejercicio, la soberanía en los tres poderes clásicos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero a la vez estos organismos debían fundar otros poderes auxiliares, que a la postre han resultado mayores usufructuarios de la soberanía, como la Corte de Constitucionalidad (CC), una suerte de oráculo de la Carta Magna.