El llamado “consenso de Washington” resumió la ruta de desarrollo inducida desde hace 20 años a los países latinoamericanos. El fin de la Guerra Fría modificó el signo de las amenazas, reordenó las prioridades de la agenda de los Estados centrales, asignando otros roles y objetivos a los países periféricos.

Así, se cerró el capítulo de las dictaduras militares y se abrió la ruta de gobiernos civiles democráticos. Los derechos humanos y las libertades civiles tomaron un elevado rango en las nuevas constituciones y la agenda pública. Los conflictos armados de carácter político e ideológico fueron clausurados uno a uno. Se inició un sostenido esfuerzo de control de la inflación y de los desórdenes financieros. Se desreguló la actividad económica y se privatizaron los bienes públicos. Es decir, se crearon las condiciones para legitimar el robustecimiento de las fuerzas del capital.

La premisa explícita de esa vasta operación política en un mundo unipolar, consistía en que los regímenes democráticos y la apertura de mercados generarían condiciones de crecimiento de las economías y multiplicarían el capital a varias escalas haciendo florecer las libertades y el bienestar.

La pobreza y la desigualdad, los déficit de servicios e infraestructura, el bajo desarrollo tecnológico y la escasa movilidad social, bajo esta visión, serían básicamente resueltos por el mercado, y solamente los núcleos duros de la pobreza (desnutrición aguda, analfabetismo crónico, morbilidad por causas controlables y aislamiento físico) y las áreas de depresión económica obsoletas y no reconvertidas, serían atendidas por el Estado de manera emergente y temporal a través de fondos sociales con programas de focalización (a contrapelo de políticas sociales universales promovidas bajo el llamado “estado de bienestar”).

Se constata que en efecto el capitalismo en esta etapa de la historia no tiene alternati-va como sistema, pero que las reformas de mercado a costa del debilitamiento del Estado y consiguientemente del régimen político no robustece el sistema capitalista, y en cambio da paso a riesgosos desequilibrios. Por ejemplo, en las últimas dos  décadas ningún país latinoamericano ha tenido ciclos sostenidos de crecimiento económico, lo cual significa que las fuentes de acumulación de capital son volátiles, basadas en capitales extremadamente especulativos sin base en la economía real (productiva).

En consecuencia, nuestros países vieron erosionadas sus incipientes bases industriales y de servicios, y con ello se debilitaron las capas medias urbanas y rurales que habían surgido incluso como decisivos actores política en la llamada época del estado de bienestar.

El crecimiento económico de estas dos décadas ha sido débil, y aunque los desiguales flujos comerciales son dinámicos, no contribuyen a generar internamente en nuestros países efectos de integración económica sectorial ni regional; al contrario, rompen y alteran cadenas productivas y aíslan regiones como si fuesen enclaves, tal como ocurrió con el patrón del banano, el café y la explotación de metales en los siglos XIX y primera mitad del XX.

Este crecimiento tampoco ha permitido recuperar niveles de empleo ni facilita la movilidad social, aun dentro de la empresa privada. En la mayoría de países la inversión está altamente concentrada bajo un patrón de control oligopólico de los mercados, en un contexto de captura del Estado y baja competitividad.

La nueva clase media de nuestros países depende casi exclusivamente para su movilidad del empleo en cadenas oligopólicas, ejerce cada vez menos profesiones liberales, y no ve en el Estado ni en el mercado competitivo un atractivo de realización por las debilidades del estado de derecho.

En esas condiciones, la adaptación para la supervivencia pasa por flujos permanentes y masivos de migración de zonas rurales hacia áreas urbanas, y de regiones intermedias rurales y urbanas hacia el exterior, especialmente Estados Unidos.

En ciertos países, como los centroamericanos y andinos, la dinámica comercial transfronteriza ha dado paso, a la vez, a múltiples corrientes informales, en variadas escalas, de bienes y servicios al margen de controles aduanales y fiscales. Y finalmente, se ha  facilitado la penetración  de la  economía  criminal  (el narcotráfico, blanqueo de capitales, secuestros, robos de autos, trata de personas y otros) que atraviesa verticalmente a la sociedad exhibiendo las vulnerabilidades institucionales y jurídicas del estado, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad y una inserción internacional más ventajosa.

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la política internacional sufrió un vuelco de prioridades hacia la seguridad en detrimento, a veces, de libertades y garantías civiles. La guerra en Irak y las tensiones en regiones de Eurasia y África puso de manifiesto una abierta estrategia militar para el aseguramiento de acceso y control de recursos vitales como el petróleo y el gas natural en el globo. El reordenamiento de prioridades de la política internacional dejó en segundo plano asuntos centrales de la agenda latinoamericana como la cohesión social y la  gobernabilidad democrática.