Durante los últimos 20 años en América Latina se ha registrado un avance sin precedentes en la promoción y defensa de los derechos civiles y políticos, que ha estado en la base de la apertura y maduración de los procesos democráticos. Los derechos civiles y políticos, también conocidos como derechos individuales, son cada vez derechos asumidos por la función pública. Los Estados destinan importantes recursos para crear instituciones y políticas que los garanticen. Por ejemplo, Registros Electorales y Tribunales Electorales modernos y fiables; oficinas de Procuradores de los Derechos Humanos o Defensores del Pueblo, independientes y críticos; fuerzas de seguridad reconvertidas hacia la protección ciudadana y garantistas, antes que a la represión; fiscalías y tribunales ad hoc, entre otros.

Sin embargo, los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados derechos colectivos, tienden a individualizarse o privatizarse. Los Estados, en general, han sido debilitados en su papel promotor de un desarrollo económico sustentable con alta movilidad ciudadana y una inserción ventajosa en la globalización. Asimismo se ha restringido su rol garante de regulaciones efectivas de servicios y tarifas, coberturas de redes sociales, eficacia y cumplimiento de normas de calidad de bienes de consumo, y de políticas laborales, fiscales y ambientales congruentes con la cohesión social.
Los resultados de esta tendencia han sido dramáticamente expuestos en los informes de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que reflejan la persistencia del deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos. Los indicadores de pobreza no han disminuido, y en algunos casos hasta han empeorado. El ingreso medio de la población se ha visto erosionado. La calidad del empleo y su protección se ha debilitado. El déficit de vivienda aumenta día a día. Enfermedades que se creían erradicadas, han reaparecido, mientras los costos de los servicios de salud se incrementan. Es visible en varios países, como Guatemala, cuadros agudos de desnutrición, mortalidad y hambre.
Como consecuencia, los problemas sociales se han vuelto críticos. Han aumentado las cifras de niños y jóvenes en la calle, expuestos a la delincuencia, las drogas y la prostitución. Se incrementan los flujos urbanos generando gigantes cinturones de miseria carentes de servicios básicos. Los problemas de criminalidad se desbordan, afectando a todos los ciudadanos, ricos y pobres. Y los flujos migratorios transnacionales comienzan a convertirse en crecientes válvulas de escape.

El avance de los derechos civiles y políticos ha hecho más notable el rezago de los derechos económicos, sociales y culturales generando en muchos países –y Guatemala no es la excepción-  desórdenes sociales que han llevado a recurrentes crisis de gobernabilidad, lo cual pone en riesgo la viabilidad de las democracias y, con ello, los propios avances de los derechos individuales.
El primer indicador de impacto de riesgo de la situación antes descrita sobre la vigencia de los derechos civiles y políticos, es el debilitamiento y consiguiente descrédito de los partidos políticos. Tal como lo demuestra la historia de la democracia de los últimos 200 años, sin partidos políticos no es posible construir y consolidar la democracia. Pero en todas las encuestas recientes en América Latina, los partidos son las instituciones peor calificadas por la ciudadanía. A los partidos se les asocia con incapacidad de realizar satisfactores sociales, ineficacia administrativa y poca transparencia.
Y es que en la medida en que el poder económico e ideológico tiende a concentrase, el poder político tiende a descentralizarse. La política, y los partidos como sus instrumentos de realización por excelencia, han perdido sus capacidades históricas de transformación de la vida social y económica, y por la vía del financiamiento se han convertido en rehenes de los poderes fácticos. Los electores eligen Presidentes y Parlamentos que no logran cristalizar sus promesas de campaña, pues la carta de navegación de los gobiernos está escrita en los centros de poder económico. Ello genera desilusión hacia los líderes, desconfianza en los gobiernos y un malestar general hacia la democracia. Vivimos una democracia de malestar por las expectativas y demandas sociales insatisfechas.
De manera que el relanzamiento de los procesos democráticos y la generación de condiciones de gobernabilidad están íntimamente vinculadas al establecimiento de un equilibrio entre los poderes económico e ideológico y el político, como medios para alcanzar la cohesión social. Y ello será posible mediante la confluencia de las así llamadas  “generaciones” de los derechos humanos. Se trata de canalizar el vigor de los derechos civiles y políticos para recuperar la política y sus herramientas de mediación, los partidos políticos, para que a su vez éstos, desde las instituciones del Estado, promuevan la obligatoriedad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, tanto a nivel nacional como internacional, así como hoy día ya sucede con los derechos de “primera generación”.